La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (Movimiento Ciudadano) presentó una iniciativa para reformar los artículos 4º y 73 de la Constitución Política, con el objetivo de que la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas no sean criminalizados. La propuesta busca abordar el tema desde un enfoque regulatorio y recaudatorio, que permita mitigar riesgos y generar recursos fiscales.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea facultar al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre estas sustancias. También incluye la creación de un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, a cargo del Ejecutivo Federal, para garantizar la salud de las personas consumidoras. Los estados deberán implementar planes similares en un plazo máximo de 180 días tras la emisión del plan nacional.
Entre las disposiciones transitorias, se establece que el Congreso tendrá un año para modificar la legislación fiscal y penal vigente. Durante este periodo, se realizarán ejercicios de parlamento abierto para incluir la participación de la sociedad en el diseño de la nueva estrategia. Asimismo, se contempla que el Ejecutivo Federal defina lineamientos fiscales para gravar estas actividades, y las legislaturas locales deberán adecuar sus normativas para alinearse al decreto.
Ballesteros Mancilla argumenta que la política prohibicionista ha sido ineficaz para reducir el consumo y ha impulsado la creación de mercados negros controlados por organizaciones criminales. En su lugar, propone una estrategia regulatoria que permita al Estado recaudar impuestos, invertir en salud y seguridad, y reducir la violencia asociada al narcotráfico.
La diputada destacó que gravar la producción y comercialización de sustancias psicoactivas con impuestos como el IEPS y el IVA podría generar ingresos estimados en un billón 113 mil 600 millones de pesos anuales. Esta cifra representa el 12% del Presupuesto de Egresos de la Federación y supera en más del doble el presupuesto de salud.
“La política prohibicionista no ha logrado disminuir el consumo; por el contrario, ha forzado a los usuarios a recurrir a un mercado negro, con sustancias sin regulación sanitaria que financian la violencia. Es momento de adoptar una estrategia distinta”, señaló Ballesteros Mancilla.
La iniciativa también busca establecer una nueva perspectiva en el tratamiento del consumo de sustancias, abordándolo como un tema de salud pública en lugar de criminalizar a los consumidores. Además, busca debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, sentando bases para una política integral en materia de drogas.
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