El impuesto de 42 dólares por pasajero de cruceros, aprobado por el Congreso mexicano y que entrará en vigor el 1 de enero, ha generado preocupación en la industria turística, al advertir que podría reducir significativamente la competitividad del país como destino. Michele Paige, directora de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), calificó la medida como «devastadora» y aseguró que desincentivará el turismo de cruceros hacia México.
«Nos tomó completamente por sorpresa», declaró Paige en entrevista con EFE, al señalar que la medida no fue discutida ni notificada al sector con antelación. Este nuevo impuesto, sumado a los ya existentes en destinos como Cozumel o Mazatlán, hará que los costos en México sean hasta un 213 % más altos que en otros destinos del Caribe.
Actualmente, los pasajeros de cruceros en tránsito gastan en promedio 90 dólares por persona en las comunidades mexicanas, mientras que los miembros de la tripulación aportan otros 60 dólares. Paige subrayó que el turismo de cruceros genera anualmente más de mil millones de dólares en impacto económico y sostiene más de 20 mil empleos en el país.
La FCCA también destacó que seis de cada diez pasajeros de cruceros regresan posteriormente a México para estadías prolongadas, lo que incrementa el impacto económico en el largo plazo. «México ha sido un socio clave para la industria, pero este impuesto podría perjudicar una relación que estaba en un máximo histórico», afirmó Paige.
Con este nuevo cargo, destinos como Cozumel verían su costo total por pasajero elevarse a 71 dólares, en comparación con los 24.25 dólares que cobra Gran Caimán o los 14.39 dólares en San Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Estas tarifas colocan a los puertos mexicanos en desventaja frente a otros destinos más económicos del Caribe y Norteamérica.
Además, Paige advirtió que la mayoría de los itinerarios de cruceros para 2025 ya están reservados y las compañías no están dispuestas a imponer a sus clientes nuevos costos inesperados, lo que podría derivar en una reprogramación de rutas hacia otros destinos más accesibles.
Pese a la incertidumbre, la FCCA reiteró su disposición para dialogar con el gobierno mexicano en busca de una solución mutuamente beneficiosa. Sin embargo, enfatizó que el tiempo apremia, ya que el impuesto entrará en vigor en menos de un mes, poniendo en riesgo la afluencia de turistas y la derrama económica que generan.
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