El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que extingue siete organismos autónomos, tras recibir el respaldo de 19 congresos estatales, cumpliendo con el requisito establecido en el artículo 135 de la Constitución.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, detalló que las legislaturas de Chiapas, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México aprobaron la reforma. Por otro lado, Baja California fue la única entidad que rechazó el decreto.
Entre los órganos que desaparecerán se encuentran el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Las funciones de estos organismos serán absorbidas por diferentes secretarías del gobierno federal, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy Secretaría Anticorrupción, y la Secretaría de Energía (SENER).
Además, desaparecerán la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas tareas serán asumidas por las secretarías de Economía (SEECO) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Fernández Noroña destacó que, aunque ya se declaró la aprobación, la Presidencia de la Mesa Directiva seguirá atenta a las resoluciones que emitan las legislaturas restantes sobre el tema. Estas serán integradas al expediente antes de ser enviadas, junto con las firmas de la Cámara de Diputados, al titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma, presentada como una medida de simplificación administrativa, ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre especialistas, quienes señalan posibles riesgos para la autonomía de los organismos que desempeñaban funciones clave en la evaluación de políticas públicas, transparencia, y regulación económica y energética.
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