El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó su posicionamiento en contra del dictamen que propone reformas a los artículos 4º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud. Durante su intervención en el Pleno, criticó que el dictamen equipare la prohibición de vapeadores con el combate al fentanilo, calificándolo como una desproporción en las prioridades legislativas.
Ramírez Barba, médico de profesión, señaló que aunque los vapeadores no son productos inocuos, representan un menor riesgo que los cigarros tradicionales. Destacó que países como Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Suecia han adoptado enfoques de regulación que incluyen el uso de vapeadores como herramientas para reducir el daño asociado al tabaquismo.
El legislador mencionó una carta firmada por más de 630 médicos mexicanos que respaldan la regulación de vapeadores con un enfoque de reducción de daño. Asimismo, subrayó que, según datos de la Secretaría de Salud, dos millones de personas en México han dejado de fumar y han optado por alternativas como los cigarrillos electrónicos, a pesar de la falta de regulación y la prevalencia de un mercado negro.
“El Estado no puede condenar a los consumidores a la ilegalidad y fomentar el crecimiento del crimen organizado al prohibir estos productos”, afirmó. También insistió en que prohibir no es la solución y que el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica debería ser una tarea de las autoridades sanitarias, no una imposición desde la Constitución.
El diputado destacó que la prohibición actual no ha sido efectiva en frenar el consumo de vapeadores, incluso dentro de espacios restringidos, como los pasillos y patios del Congreso. Estimó que el mercado ilegal de estos productos podría alcanzar un valor de cinco mil millones de pesos, beneficiando únicamente a grupos delictivos.
Ramírez Barba abogó por una regulación estricta que garantice el control de calidad de los productos, proteja a menores de edad y destine los ingresos fiscales generados a fortalecer el sistema de salud. Finalizó solicitando que su intervención completa sea incluida en el Diario de los Debates.
El dictamen continuará en discusión, con posturas divididas entre quienes apoyan la prohibición y quienes buscan alternativas regulatorias.
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