Este lunes entró en vigor en la Ciudad de México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un cambio clave en el sistema judicial local que promete hacer los juicios civiles y familiares más ágiles y transparentes. Con esta nueva legislación, el Poder Judicial de la capital del país busca modernizar el sistema, promoviendo la oralidad en los juicios, la digitalización de expedientes y la especialización de los jueces en diferentes áreas procesales.
La primera fase de implementación del Código se centrará en los juicios hipotecarios, de arrendamientos inmobiliarios, así como los relacionados con alimentos, custodia y patria potestad. A partir de ahora, todos los procedimientos en estas materias se gestionarán a través de expedientes electrónicos, eliminando el formato escrito tradicional y agilizando los trámites judiciales. Esta transición digital es uno de los principales cambios que trae consigo el nuevo modelo procesal.
Con la entrada en vigor del Código, también se han eliminado varios juzgados civiles y familiares. En total, se suprimieron 24 juzgados civiles y 11 juzgados familiares, pues el nuevo sistema establece que los juicios serán orales. La eliminación de estos juzgados tiene como objetivo agilizar los procesos y permitir que las audiencias sean más directas y eficientes, beneficiando a los involucrados al eliminar trámites burocráticos y escritos.
Además, los juzgados especializados en juicios orales contarán con el apoyo de Unidades de Gestión Judicial, encargadas de digitalizar documentos, supervisar la correcta preparación de las audiencias y gestionar los expedientes de manera más eficaz. Una de las principales novedades es la creación de la Unidad de Gestión Judicial de Exhortos, que se encargará de centralizar el trabajo relacionado con los exhortos, que antes ocupaban una parte importante de la carga judicial.
Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, destacó que este cambio en el sistema judicial no solo beneficiará la eficiencia del proceso, sino que también garantizará una mayor claridad y transparencia en las decisiones. El magistrado subrayó que el nuevo modelo pone a las personas en el centro de la impartición de justicia, garantizando igualdad de condiciones y no discriminación.
El sistema también contempla la redistribución de las cargas de trabajo, permitiendo la creación de juzgados especializados que se centren en aspectos concretos del proceso, como la etapa postulatoria o la ejecución de sentencias. Con este modelo, se espera que los procesos judiciales sean más rápidos, claros y accesibles para los ciudadanos, contribuyendo así a mejorar la confianza en el sistema de justicia.
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