El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, rechazó conceder una suspensión solicitada por seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) contra las facultades ampliadas otorgadas a Guadalupe Taddei, presidenta del organismo electoral.
La solicitud formaba parte de una controversia constitucional promovida por los consejeros, quienes cuestionaron los cambios al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), que permiten a Taddei nombrar directamente a los titulares de órganos ejecutivos y técnicos del INE sin la aprobación del Consejo General.
Aunque Pardo Rebolledo admitió la controversia y anunció que seguirá su trámite, la negativa de suspensión implica que los poderes ampliados de Taddei permanecerán vigentes mientras la SCJN analiza el fondo del caso. Este hecho genera preocupación entre los consejeros que impulsaron el recurso, quienes consideran que tales facultades contravienen la autonomía e independencia del INE, garantizadas en el artículo 41 de la Constitución.
En el documento presentado ante la Corte, los consejeros advirtieron que la concentración de poderes en la consejera presidenta no solo viola la Constitución, sino que también pone en riesgo la confianza pública en la imparcialidad y legitimidad del sistema electoral. «Un organismo percibido como dependiente de una figura central puede enfrentar cuestionamientos serios sobre su imparcialidad”, señalaron.
Los cambios a la Lgipe, promovidos por el Congreso de la Unión, han sido criticados por varios sectores que consideran que socavan el principio de colegialidad del INE y abren la puerta a influencias externas sobre el organismo encargado de organizar las elecciones y garantizar la democracia en México.
La decisión del ministro Pardo Rebolledo no resuelve el fondo del asunto, pero marca un momento clave en el debate sobre la autonomía electoral en el país. El caso continuará su análisis en la SCJN, cuyo fallo será determinante para definir los límites entre las atribuciones de la consejera presidenta y la protección de la independencia del INE.
Mientras tanto, Guadalupe Taddei podrá ejercer las facultades ampliadas, incluyendo los nombramientos directos, a pesar de la oposición de casi la mitad del Consejo General del organismo electoral.
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