A pocos días del cierre de inscripciones, los Comités de Evaluación del Poder Judicial enfrentan un grave déficit de candidatos para las elecciones judiciales de 2025. Al corte del 20 de noviembre, solo se habían registrado 4 mil 825 aspirantes, cifra muy por debajo de los 16 mil 230 perfiles requeridos para cumplir con los parámetros de la reforma constitucional.
El proceso electoral extraordinario, que se llevará a cabo en junio de 2025, busca elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Sin embargo, el tiempo apremia: faltan más de 11 mil aspirantes para alcanzar la meta antes del 24 de noviembre, fecha límite para el registro.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, explicó que la convocatoria necesita al menos 16 mil perfiles iniciales, que serán reducidos a 1,793 candidatos para las boletas. Actualmente, el Comité Judicial reporta el menor avance, con solo 313 registros de los 5 mil 410 requeridos.
El Legislativo lidera el número de aspirantes con 3 mil 512 inscritos, mientras que el Ejecutivo suma mil, según datos de Zaldívar y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Sin embargo, estas cifras aún son insuficientes para garantizar la viabilidad del proceso.
Entre los cargos en disputa se encuentran 881 plazas, incluyendo jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Algunas ministras, como Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf, ya confirmaron su participación en el proceso.
A pesar del retraso, Zaldívar se mostró optimista: “Es lógico que al inicio hubiera pocos registros; la gente estaba reuniendo requisitos. Sin embargo, ahora estamos viendo un incremento. Les invito a no dejar pasar esta oportunidad y registrarse lo antes posible”.
La reforma al Poder Judicial, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum, ha generado amplias críticas. Grupos de abogados y jueces han señalado fallas en su implementación y cuestionado la viabilidad de un proceso electoral tan complejo. Aunque hubo impugnaciones, la Suprema Corte no alcanzó la mayoría necesaria para declararla inconstitucional.
El desafío logístico y político sigue en pie. En los próximos días se definirá si el proceso logra completar los registros o si deberá enfrentarse a nuevos cuestionamientos legales y sociales.
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