El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal informó este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a jueces y magistrados que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, acusándolos de abuso de autoridad. La organización advirtió que estas acciones son “características de regímenes autoritarios” y buscan presionar a los jueces para que fallen a favor de los intereses del sistema.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Latinus que la FGR ha comenzado a integrar carpetas de investigación en contra de varios jueces, entre ellos la jueza Martha Magaña, a partir de denuncias presentadas por representantes del Poder Ejecutivo y de la bancada de Morena en el Congreso. Según el Colegio, algunos jueces han recibido correos de la FGR solicitándoles copias de los expedientes de las suspensiones emitidas, hecho que ha sido interpretado por los juzgadores como una forma de amedrentamiento.
El comunicado del Colegio de Secretarios y Actuarios subraya que la investigación podría ser una estrategia del bloque oficialista para coaccionar a jueces incómodos. “Estas acciones son utilizadas en regímenes autoritarios para presionar a jueces a resolver conforme a las necesidades del sistema”, afirmó la organización, en un fuerte señalamiento hacia el gobierno de Morena.
El exdiputado panista Jorge Romero Herrera se sumó a las críticas en redes sociales, manifestando su apoyo a los jueces y rechazando lo que calificó como una “persecución”. “¡No permitiremos la persecución ni el abuso de autoridad!”, declaró Romero en sus redes, en un llamado a la defensa de la independencia judicial.
Desde finales de agosto, el Poder Judicial ha visto paros y protestas diarias de trabajadores que se oponen a la reforma promovida por Morena. La reforma fue aprobada en septiembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación pese a que un juez de distrito y un tribunal colegiado en Colima habían emitido suspensiones en contra de su publicación.
El debate continúa mientras la Suprema Corte se prepara para discutir la posible invalidez de varias disposiciones de la reforma. Entre ellas, se encuentran la elección de jueces por voto popular y la supresión de los amparos de efectos generales, según el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Esto podría poner en entredicho la legalidad de la reforma judicial y de las recientes investigaciones contra los jueces, dejando la última palabra a la Corte en lo que ya se perfila como una crisis constitucional.
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