En medio de la creciente violencia en México, senadores de oposición han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum que demuestre con hechos que su gobierno no ha pactado con el crimen organizado. Esta demanda surge tras una serie de declaraciones de legisladores del partido oficialista, Morena, quienes aseguran que las recientes oleadas de violencia en el país son intentos para desestabilizar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T).
El senador morenista Óscar Cantón Zetina reconoció los episodios de violencia e inseguridad en estados como Sinaloa, Chiapas, Guanajuato y Guerrero. No obstante, señaló como responsable al gobierno de Estados Unidos, al que acusa de no brindar información completa sobre el supuesto acuerdo que involucra la extradición de Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos figuras relevantes del narcotráfico. Según Cantón, este acuerdo podría estar propiciando respuestas violentas de la delincuencia organizada para perjudicar a la administración federal.
“Por supuesto que hay violencia en algunos lugares del país que afecta sensiblemente al pueblo y al gobierno. No hay, como dijo la presidenta, ningún pacto con la delincuencia ni lo habrá. La Cuarta Transformación no pactará con la delincuencia; se le está enfrentando, pero también hay reacciones violentas para desestabilizar al país”, afirmó Cantón. El senador también hizo hincapié en que la falta de control de armas y de cooperación por parte de Estados Unidos impacta en la política interna mexicana, aludiendo a la supuesta complicidad entre la delincuencia organizada y ciertas instituciones estadounidenses.
Por otro lado, la respuesta de la oposición ha sido contundente. Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó las declaraciones de algunos morenistas que insinúan que la violencia es un “invento”. «Ahí está el alcalde decapitado, el sacerdote asesinado; ¿cómo pueden decir que es un invento si el sexenio cerró con 200 mil homicidios?», señaló Anaya. El legislador subrayó que se deben evitar las culpas cruzadas y enfocarse en una solución real para la crisis de seguridad, pero dejó claro que, en su opinión, el primer paso debe venir de la administración de Sheinbaum.
En un tono similar, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, enfatizó que las afirmaciones del gobierno en torno a la ausencia de pactos con el crimen deben ir respaldadas por acciones concretas. Barrales se refirió a los señalamientos del crimen organizado sobre presuntos vínculos de funcionarios del gobierno con actividades ilícitas. «Es importante que estos señalamientos se acompañen de hechos. No queremos que haya vínculos, pero necesitamos pruebas de que no es así, pues sería un riesgo muy grave para el país», dijo la senadora.
Los comentarios de los senadores de oposición reflejan una creciente preocupación sobre el impacto que la violencia tiene en la percepción pública del gobierno federal. Según expertos en seguridad, la falta de información transparente y el recrudecimiento de la violencia en diversos estados del país están erosionando la confianza en las instituciones y generando dudas sobre la eficacia de la estrategia de seguridad actual.
Morena, por su parte, insiste en que la política de “abrazos, no balazos” sigue siendo efectiva, aunque reconocen que persisten desafíos importantes en el combate contra el crimen organizado. Los legisladores del partido oficialista argumentan que el incremento de la violencia responde en parte a factores externos, como la falta de control en el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos.
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