Las comisiones de Puntos Constitucionales, Bienestar y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución, con el objetivo de garantizar apoyos sociales a los sectores más vulnerables de la población. La reforma establece el derecho constitucional a una vivienda adecuada y asegura una pensión no contributiva para personas con discapacidad y adultos mayores, fortaleciendo la política social en México.
Con 39 votos a favor, los senadores Óscar Cantón Zetina, Andrea Chávez Treviño y Enrique Inzunza Cázarez respaldaron la minuta enviada previamente por la Cámara de Diputados. Este avance en el ámbito legislativo tiene como eje central mejorar las condiciones de vida de grupos históricamente marginados, un logro que, según Andrea Chávez, senadora de Morena, es «un acto de justicia social que reafirma la dignidad como un derecho innegociable».
La reforma contempla que el Estado asegure recursos anuales suficientes para cumplir con los derechos establecidos, bajo el principio de progresividad. El monto presupuestal asignado para estos apoyos no podrá ser disminuido en términos reales con respecto al presupuesto del año anterior, garantizando así la sostenibilidad de estos derechos a largo plazo. La senadora Chávez destacó que esta medida marca un hito en la protección de los sectores más desfavorecidos del país, en un esfuerzo de fraternidad y responsabilidad del Estado mexicano.
Entre los apoyos previstos se encuentran una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años, y otra para adultos mayores a partir de los 65 años. Asimismo, el Estado deberá garantizar la rehabilitación de personas con discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años, y proporcionar un jornal seguro a campesinos que trabajen con cultivos específicos, además de fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo panificable.
En el debate, diferentes senadores expresaron sus opiniones. Raúl Morón Orozco, de Morena, sostuvo que esta reforma es un avance hacia una justicia social más amplia y que busca apoyar a quienes más lo necesitan. Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, afirmó que su bancada apoya la ampliación de derechos, aunque sugirió ajustes en la redacción para que las entidades federativas mantengan su autonomía en la implementación de políticas sociales.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, del PAN, valoró la reforma como un paso importante, pero subrayó que el país debe avanzar hacia un sistema de seguridad social universal. En la misma línea, Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, mencionó que México necesita un Estado de bienestar que evite el enfoque clientelar en la entrega de apoyos sociales.
El dictamen, que próximamente será votado en el pleno del Senado, representa un avance significativo en la legislación social del país, con la intención de reducir las brechas de desigualdad y establecer una red de protección para los grupos más vulnerables.
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