Especialistas en derecho han lanzado fuertes críticas contra los cambios propuestos por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados sobre la reforma de supremacía constitucional. Advierten que, lejos de mejorar la iniciativa, se busca corregir un error técnico para permitir la aplicación de leyes que, aunque violen derechos humanos, seguirían siendo válidas.
El abogado Miguel Alfonso Meza, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), alertó sobre las verdaderas intenciones detrás de la propuesta. “No se dejen engañar”, publicó, explicando que los legisladores morenistas están corrigiendo un fallo en la redacción inicial que no reflejaba el objetivo real: asegurar que las leyes se apliquen incluso si infringen gravemente los derechos humanos.
Meza señaló que la actual redacción del artículo 1 de la Constitución establece que las autoridades no deben aplicar leyes o reglamentos que violen los derechos humanos. La reforma pretendía eliminar esta disposición, lo que permitiría aplicar cualquier ley, sin importar si es contraria a los derechos fundamentales de las personas.
Por su parte, el abogado Francisco Burgoa coincidió con esta postura y fue aún más allá al señalar que el ajuste que ahora se plantea es solo «técnico», pero no modifica la intención de fondo de limitar los mecanismos de defensa constitucional. Burgoa subrayó que, aunque se retiren algunas de las primeras modificaciones, los cambios afectarían gravemente los compromisos que México tiene en el sistema interamericano de derechos humanos.
“El país retrocederá gravemente en la protección de los derechos humanos y en la defensa de los principios fundamentales constitucionales si se mantiene esta reforma”, advirtió Burgoa, quien insistió en que toda la propuesta debe ser retirada y no solo los cambios sobre el control de convencionalidad.
Este martes, la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para prohibir las acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución, lo que limitaría la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intervenir en casos de controversias constitucionales, algo que los juristas consideran como una amenaza directa a los derechos humanos.
El senador Adán Augusto López, impulsor de la reforma, anunció que se harían ajustes a la propuesta antes de que sea discutida en comisiones. Sin embargo, los críticos aseguran que estos cambios no son suficientes para evitar un retroceso en la protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía.
La comunidad jurídica sigue en alerta, preocupada por las implicaciones que esta reforma podría tener sobre los principios fundamentales de la justicia y los derechos humanos en México.
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