La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha introducido una actualización clave a la propuesta de reforma energética presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado. Esta reforma, centrada en la modificación del artículo 27 de la Constitución, permitirá la participación de empresas privadas en actividades relacionadas con hidrocarburos, siempre en coordinación con el Estado.
El dictamen establece que, para generar ingresos, el Estado podrá llevar a cabo la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos a través de asignaciones directas a Petróleos Mexicanos (Pemex) o mediante contratos con empresas privadas. En dicho proceso, las empresas públicas del Estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrán contratar con particulares. Sin embargo, se ha reafirmado que los hidrocarburos en el subsuelo seguirán siendo propiedad de la nación, y que no se otorgarán concesiones directas a privados para su explotación.
La reforma también introduce un apartado relacionado con el litio, declarando que no se otorgarán concesiones para su explotación, manteniéndolo bajo el control estatal. Además, el Estado se encargará de dirigir la transición energética con un enfoque en la sostenibilidad. “El Estado utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero”, menciona el dictamen, lo que subraya el compromiso con el cambio climático.
La reforma será discutida el próximo jueves en la Comisión de Energía del Senado, presidida por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez (Morena), mientras que Miguel Ángel Yunes Márquez ocupará la secretaría.
Cambios estructurales en Pemex y CFE
Uno de los puntos más importantes de la reforma es la eliminación de referencias a “empresas productivas del Estado”, que serán sustituidas por “empresas públicas”, afectando tanto a Pemex como a la CFE. Con esta modificación, todas las actividades de estas empresas se añadirán a una lista de “áreas estratégicas exclusivas”, otorgando al Estado un control más directo sobre sectores clave como la generación y comercialización de electricidad y el transporte de hidrocarburos.
Según la firma legal Cortés Quesada Abogados, este cambio podría tener implicaciones importantes. Si las actividades de CFE y Pemex son consideradas exclusivas del Estado, podrían limitar la participación privada en áreas como la comercialización y el transporte de energía. Por lo tanto, será crucial interpretar adecuadamente la intención del legislador para evitar incertidumbres en la implementación de la reforma a nivel de leyes secundarias.
Este debate promete ser un punto crítico en la agenda legislativa, con implicaciones profundas para la política energética de México y el futuro de las empresas públicas. El reto será encontrar un equilibrio entre mantener la soberanía sobre los recursos estratégicos y fomentar la inversión privada que apoye la competitividad y desarrollo del sector.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.