La reforma a la Ley de Hidrocarburos, actualmente en discusión en el Congreso, ha sido cuestionada por el diputado Arturo Yáñez Cuellar, quien advirtió que esta medida representará un grave riesgo para la estabilidad financiera del país. De acuerdo con Yáñez Cuellar, la reforma no solo pondría en peligro los ingresos nacionales, sino que también afectaría a los estados y municipios, y repercutiría en áreas clave como la seguridad pública, la salud y la infraestructura.
El legislador, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que la iniciativa carece de una estrategia clara, de eficiencia y de transparencia, lo que agrava la situación. «Los más afectados por esta reforma serán los estados y municipios, que dependen de los ingresos generados por el sector energético», expresó Yáñez Cuellar en una rueda de prensa.
Además, el diputado criticó la ausencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la discusión del dictamen. Esto, según él, refleja la falta de seriedad en la implementación de una reforma que podría tener graves implicaciones para las finanzas públicas del país.
En su intervención, Yáñez Cuellar destacó el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), que, a pesar de haber recibido un apoyo significativo de 2 billones de pesos durante el sexenio pasado para sus gastos de operación, sigue presentando pérdidas económicas. «Pemex sigue en números rojos y no se ha logrado mejorar su productividad», señaló el legislador.
La refinería de Dos Bocas, otro de los puntos polémicos mencionados por Yáñez Cuellar, es otro ejemplo de la ineficiencia, según el diputado. Aunque la refinería no ha producido ni un solo litro de gasolina, se ha señalado que en su construcción se han destinado recursos para proyectos no relacionados con la industria petrolera, como casas y camionetas, algunas de ellas para uso de la gobernadora de Veracruz.
Finalmente, Yáñez Cuellar reiteró el rechazo del Grupo Parlamentario del PRI a la reforma, argumentando que no es justo que los principales afectados por esta medida sean los municipios y los estados, que ya enfrentan una grave crisis económica y social.
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