Durante la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público, el Diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez Cuéllar, expresó su oposición al dictamen de la reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo Federal. Yáñez Cuéllar destacó que la reforma pone en riesgo la estabilidad financiera de México, advirtiendo que esta podría tener repercusiones directas en el bienestar de las familias mexicanas.
El legislador subrayó que la reforma implicaría una disminución de ingresos para el país, lo cual se traduciría en menores recursos para los estados y municipios, especialmente en áreas cruciales como la seguridad pública y la salud. Yáñez Cuéllar mencionó que la falta de una estrategia eficiente y transparente en la administración de los recursos, en particular en el caso de PEMEX, podría empeorar aún más la situación fiscal.
Durante su intervención, el diputado del PRI también recordó que la reforma otorgaría más incentivos fiscales a PEMEX, una empresa que, según él, sigue registrando números rojos a pesar de haber recibido una inversión significativa en el pasado sexenio. Recalcó que el problema de fondo no era la falta de recursos, sino la ineficiencia en el manejo de los mismos, y mencionó que mientras PEMEX sigue con pérdidas, se recorta el presupuesto en sectores clave como la salud pública.
Además, Yáñez Cuéllar ejemplificó la situación en Durango, su estado natal, donde los hospitales de especialidades han tenido que recurrir a soluciones improvisadas debido a la falta de insumos médicos, algo que, según él, es consecuencia de la crisis fiscal que la reforma profundizaría. A su juicio, la reforma no hará más que agravar los problemas en el sistema de salud y otras áreas prioritarias.
El legislador concluyó su intervención asegurando que el Grupo Parlamentario del PRI votaría en contra del dictamen, destacando que, según sus cálculos, los principales afectados serían los municipios y estados del país. Aseguró que los recursos necesarios para mantener en funcionamiento estos sectores vitales se verían seriamente comprometidos si la reforma se aprueba tal como está planteada.
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