Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestaron su preocupación por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La decisión, que ha desatado críticas, es vista como un paso hacia la consolidación de la militarización de la seguridad pública en México.
Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, alertó sobre el aumento de delitos cometidos por elementos del Ejército en los últimos 18 años. “México se ha convertido en un país muchísimo más peligroso, muchísimo más inseguro”, afirmó. Olivares Ferreto señaló que la militarización ha incrementado las violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, homicidios y feminicidios, entre otros crímenes.
La directora de Amnistía subrayó que en varios estados, los ciudadanos enfrentan la difícil elección entre la violencia del crimen organizado o la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas. En este sentido, recordó que de las 14 sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra México, en casi la mitad están involucrados miembros del Ejército por violaciones graves, como desapariciones y tortura.
Por su parte, el Centro Prodh lamentó la aprobación de la reforma, calificándola como un “camino sin retorno hacia la militarización”. La organización expresó su rechazo a la modificación del artículo 129 constitucional, que hasta ahora limitaba las funciones militares en tiempos de paz, asegurando que esta reforma abre la puerta a un mayor control militar en tareas de seguridad pública.
El debate en la Cámara de Diputados se prolongó durante 14 horas, culminando con la aprobación de la reforma que establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial, y adscrita a la Sedena. Esta fuerza ejecutará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consolidando así su papel en la estructura militar del país.
La iniciativa ha sido turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación, mientras organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro Prodh continúan alzando la voz en contra de lo que consideran una amenaza para los derechos humanos y la seguridad civil en México.
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