La Bancada Naranja, representada por el partido Movimiento Ciudadano, expresó su rechazo al dictamen de reforma constitucional que propone adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los miembros de este grupo parlamentario argumentan que la medida profundiza la militarización del país y contraviene los principios de excepcionalidad y subordinación civil que la Constitución establece.
Gustavo de Hoyos, líder de la Bancada Naranja, criticó la reforma por buscar consolidar el control militar de manera indefinida. De Hoyos argumentó que esta medida vulnera los principios constitucionales de subordinación civil y excepcionalidad de las Fuerzas Armadas, al convertir a la Guardia Nacional en una fuerza policial permanente bajo el mando militar.
Los integrantes de la Bancada Naranja sostienen que la reforma de Morena no cumple con las promesas hechas hace seis años, cuando se comprometieron a establecer un mando civil y un nuevo modelo de seguridad. En lugar de mejorar las policías locales y estatales, la reforma actual replica estrategias fallidas de seguridad utilizadas en los últimos tres sexenios, según la Bancada Naranja.
Pablo Vázquez, representante de Movimiento Ciudadano, propuso una alternativa que incluye el fortalecimiento de las policías municipales y estatales con recursos adecuados, y la consolidación de la Guardia Nacional como una corporación de élite en materia de seguridad pública. Vázquez enfatizó que esta propuesta busca una mejora en la profesionalización de las corporaciones civiles de seguridad, en lugar de depender del modelo militar.
Patricia Mercado, también miembro de la Bancada Naranja, agregó que el grupo está en contra de la reforma porque no ofrece una alternativa efectiva para combatir los delitos ni un camino diferente al de los últimos gobiernos, que incrementaron la militarización sin avances significativos en seguridad.
La Bancada Naranja subrayó que la reforma representa serias implicaciones para la democracia, la transparencia y los compromisos internacionales de México. Argumentan que el cambio constitucional, al hacer que las funciones de las Fuerzas Armadas en seguridad pública sean permanentes, contradice los principios y compromisos que el país ha establecido.
La reforma, aprobada en lo general por la mayoría en la Cámara de Diputados, sigue generando controversia entre los distintos grupos parlamentarios, evidenciando una profunda división en torno a la dirección que debe tomar la política de seguridad en México.
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