La Diputada Olivia Garza presentó este miércoles una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local con el fin de establecer la Secretaría de Sistema Penitenciario. La propuesta busca crear una entidad independiente, dedicada exclusivamente a la reinserción social de las personas privadas de la libertad, desvinculada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Garza, legisladora del Partido Acción Nacional, explicó que actualmente la Subsecretaría de Sistema Penitenciario está subordinada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya prioridad es la vigilancia de la capital y no la atención especializada en la reinserción de internos. La diputada subrayó que la creación de una secretaría autónoma permitiría un enfoque más eficaz en la reintegración social y menos en tareas de seguridad.
La legisladora destacó que la Ciudad de México es la segunda entidad con mayor población reclusa y la tercera que menos inversión destina al sistema penitenciario. Este desbalance, según Garza, evidencia una falta de interés del gobierno capitalino en mejorar las condiciones y programas para la reinserción de los internos.
Garza también criticó el sistema penitenciario actual por operar de manera punitiva, con condiciones que, en su opinión, no favorecen la reintegración social efectiva. Resaltó que el 40% de las personas liberadas regresan a prisión, lo que indica un fracaso en los programas de reinserción y una falta de inversión adecuada en el área.
La diputada enfatizó que el Instituto de Reinserción Social del Gobierno capitalino también enfrenta problemas de presupuesto, lo que refleja una deficiencia en las políticas públicas destinadas a la reintegración de internos y la prevención de la reincidencia.
La iniciativa presentada por Garza busca abordar estas deficiencias mediante la creación de una Secretaría de Sistema Penitenciario con autonomía y recursos propios, enfocada en mejorar las condiciones y la efectividad de la reintegración social. La propuesta será analizada por el Congreso local para determinar su viabilidad y posible implementación.
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