La diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, integrante de la bancada de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar la salud mental en el sistema educativo nacional. La propuesta busca crear el Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar, el cual obligaría a los planteles públicos de educación básica y media superior a contar con personal especializado en psicología de manera progresiva.
La legisladora calificó la situación actual como una “crisis silenciosa”, vinculada al incremento de la depresión, el suicidio juvenil y el acoso escolar. Domínguez Serna reveló que, actualmente, solo el 1.4% de las escuelas públicas en los niveles de primaria y secundaria cuentan con psicólogos en su plantilla, dejando un vacío institucional en la detección temprana de riesgos.
Salud Mental Escolar:
¿Prioridad o Retórica?
Análisis crítico de la propuesta de Morena frente a los recortes presupuestales y la realidad de las aulas en México.
Escuelas primarias y secundarias públicas con psicólogo propio.
Reducción real del presupuesto para salud mental en el PEF 2026.
Pesos etiquetados explícitamente para el Programa de Atención Psicoemocional.
La Brecha del Gasto Institucional
Porcentaje del presupuesto total de salud destinado a Salud Mental.
Variaciones Presupuestales 2025 vs 2026
Contradicción de Morena
Mientras la iniciativa de la diputada Domínguez exige especialistas en el 50% de las escuelas, el Gobierno Federal eliminó por completo el presupuesto para capacitar nuevos recursos humanos en salud.
Carga para los Estados
Sin fondos federales etiquetados en el Ramo 11, la propuesta se convierte en una obligación financiera insostenible para las autoridades locales, arriesgando su implementación real.
Implementación y metas de cobertura
El proyecto de decreto plantea reformas a la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, estableciendo que el bienestar emocional es una condición indispensable para el aprendizaje. De ser aprobada, las autoridades educativas locales tendrían un plazo máximo de tres años para asegurar que al menos el 50% de los planteles públicos cuenten con especialistas en salud mental o áreas afines, como el trabajo social.
Asimismo, la iniciativa contempla la capacitación obligatoria para docentes y directivos en primeros auxilios psicológicos y mediación escolar. El objetivo es que el personal educativo pueda reaccionar ante crisis emocionales y canalizar casos de riesgo de manera oportuna a la Secretaría de Salud, estableciendo una coordinación permanente entre ambas dependencias federales.
Prevención frente a reacción
La legisladora subrayó que el enfoque de la reforma es preventivo y no punitivo. Al reconocer la salud mental como un componente esencial del derecho a la educación, se busca reducir la violencia escolar mediante protocolos de detección que operen bajo criterios de confidencialidad. “No se trata solo de reaccionar ante las tragedias, sino de prevenirlas”, afirmó la diputada de Morena.
Finalmente, la propuesta establece un periodo de 180 días, tras su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que la SEP y la Secretaría de Salud emitan los lineamientos generales del programa. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis técnico y presupuestal, dado que implicará una reasignación de recursos para la contratación de personal especializado en el sector público.
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