El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección de diputados federales de representación proporcional, otorgando a la coalición de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) una supermayoría de 364 curules. Esta resolución, emitida por la Sala Superior del TEPJF, es definitiva y permitirá la conformación del nuevo recinto legislativo a partir del 1 de septiembre.
La determinación del tribunal se basó en la declaración de infundados e inoperantes los 8 mil 867 juicios promovidos por partidos opositores como el PAN, PRI, y Movimiento Ciudadano, así como por el panista Jorge Ernesto Inzunza, quienes cuestionaron la asignación de curules. La mayoría de los magistrados concluyó que las reglas y fórmulas de asignación habían sido establecidas desde el inicio del proceso electoral y no podían ser modificadas en este momento.
Mónica Soto, presidenta del TEPJF, destacó el profesionalismo y la responsabilidad pública con la que actuaron los magistrados, a pesar de las presiones externas y las amenazas que enfrentaron. «Sin temor a las críticas, exhibiciones y amenazas, hemos juzgado con libertad y apego a derecho», afirmó Soto, defendiendo la independencia del tribunal ante las manifestaciones de descontento que se llevaron a cabo fuera de las instalaciones.
Entre las preocupaciones manifestadas por los opositores, se destaca el llamado de la magistrada Janine Otálora Malassis a corregir lo que considera una distorsión en la representación política en la Cámara de Diputados. Otálora alertó sobre un «transvase» de triunfos de mayoría relativa a Morena y sus aliados, sugiriendo que se deberían asignar los triunfos a los partidos que realmente los ganaron, para evitar la sobrerrepresentación.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón reconoció que el artículo 54 de la Constitución permite a los partidos implementar estrategias que distorsionen la representación política. Sin embargo, enfatizó que las reglas para la asignación de plurinominales son constitucionalmente firmes y no deben ser alteradas, sugiriendo que los límites de sobrerrepresentación deben aplicarse a los partidos, no a las coaliciones.
El magistrado Alfredo Fuentes también defendió la asignación de diputaciones, resaltando que los límites constitucionales son claros y que ningún partido debe contar con más de 300 diputados bajo ambos principios. Su postura se alineó con la de sus colegas al afirmar que el cálculo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue objetivamente correcto y garantiza el funcionamiento adecuado del sistema electoral.
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