La embajada de Estados Unidos en México respondió este martes a la nota diplomática enviada por el gobierno mexicano, luego de las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su respuesta, la representación diplomática expresó su preocupación por la propuesta de elegir jueces mediante voto popular, tal como lo establece la reforma.
“Apoyamos la idea de una reforma judicial en México, pero nos preocupa que la elección popular de jueces no solucione el problema de la corrupción judicial ni fortalezca al Poder Judicial”, subrayó la embajada estadounidense. A pesar de su preocupación, la embajada reafirmó su respeto por la soberanía de México, asegurando que ambos países comparten intereses comunes, como la integración económica y la seguridad regional.
La semana pasada, el embajador Ken Salazar había advertido que la elección popular de jueces y magistrados podría poner en riesgo la democracia en México, además de complicar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Salazar destacó que este tipo de mecanismos no garantizarían la independencia y eficacia del Poder Judicial, afirmando que “no va a funcionar para avanzar en la democracia”.
El embajador canadiense en México, Graeme C. Clark, también ha mostrado reservas similares a las de su homólogo estadounidense, expresando inquietudes sobre cómo la reforma afectaría a los inversionistas y la estabilidad jurídica en el país.
Por su parte, el presidente López Obrador insistió en que la relación con Salazar está en «pausa», esperando una ratificación de que los embajadores respetarán la soberanía de México. «La relación continúa, pero mientras no haya una postura clara y sigan con esa política, hay pausa», afirmó el mandatario.
La reforma judicial, que contempla la elección de jueces por voto popular, ha sido motivo de polémica dentro y fuera de México. Mientras el gobierno sostiene que la medida permitirá una justicia más cercana al pueblo, sectores nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por sus posibles efectos negativos en la independencia judicial.
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