El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la Cámara de Diputados calificó la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena y sus aliados como una venganza política que amenaza con desmantelar la autonomía y la independencia de este poder.
Durante el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales, los legisladores priistas, encabezados por Rubén Moreira, advirtieron que, de aprobarse esta reforma, se desencadenará una crisis institucional en la que poderes fácticos como el capital y la delincuencia organizada podrían intervenir en el sistema de justicia.
La diputada federal Carolina Viggiano Austria subrayó que la discusión sobre la reforma debería ser una oportunidad para visibilizar los problemas del Poder Judicial y definir políticas públicas que fortalezcan el sistema de justicia en lugar de debilitarlo. Lamentó que, a pesar de las nuevas responsabilidades asignadas a los poderes judiciales locales, estos no han recibido el presupuesto necesario para cumplir con sus funciones.
En su intervención, Marco Antonio Mendoza acusó a Morena de llevar a cabo una «vendetta» contra el Poder Judicial en represalia por decisiones que no han favorecido al gobierno, como las órdenes de vacunar a menores durante la pandemia, detener obras del Tren Maya y frenar la reforma eléctrica. Mendoza consideró que estos cambios propuestos son regresivos y que representan un ataque directo a la tradición jurídica y a los derechos humanos en México.
La diputada Cynthia López Castro advirtió sobre las graves consecuencias políticas y económicas que tendría el desmantelamiento del Poder Judicial, afirmando que esto podría dejar el sistema de justicia bajo el control de un cacicazgo. Expresó su preocupación por la falta de disposición para debatir la reforma a fondo, lo que, según ella, conducirá a un sistema judicial subyugado a los intereses políticos.
Por su parte, Eduardo Zarzosa, diputado por el Estado de México, sentenció que la reforma desaparece el Consejo de la Judicatura para instaurar una especie de «Santa Inquisición» disfrazada de Tribunal de Disciplina Judicial. En su opinión, México está entrando en una etapa de autoritarismo, en la que la división de poderes y la transparencia podrían desaparecer.
Finalmente, la diputada Laura Haro señaló que esta reforma no está motivada por la necesidad de austeridad o de mejorar la justicia, sino por un deseo de venganza contra el Poder Judicial. Sin embargo, manifestó una leve esperanza de que la reforma no sea aprobada, dada la obligación de México de cumplir con tratados internacionales que protegen la independencia judicial.
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