La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una histórica resolución el 21 de agosto de 2024, ordenando al Congreso del Estado de Yucatán despenalizar el aborto. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte concedió el amparo a la asociación civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, que había impugnado las leyes estatales que criminalizaban la interrupción del embarazo.
El proyecto para esta decisión fue presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat. El fallo de la SCJN implica que los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal de Yucatán, que penalizan el aborto, deben ser derogadas. Aunque el proyecto inicial propuesto por Ríos Farjat sugería que la inaplicación de estos artículos se aplicaría solo a la asociación civil, la mayoría de la Sala decidió extender los efectos de la sentencia a la legislación en general, siguiendo precedentes anteriores.
Ríos Farjat, aunque a favor del proyecto, expresó su desacuerdo con los efectos extensos de la sentencia. Ella argumentó que estos efectos deberían ser más acotados, limitándose a la asociación demandante en lugar de imponer una derogación generalizada. Sin embargo, la mayoría de los ministros decidieron que el amparo debería tener efectos amplios, lo que llevará al Congreso de Yucatán a revisar y modificar su legislación sobre el aborto.
La asociación civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva había argumentado que las leyes vigentes en Yucatán violaban el derecho humano a decidir sobre la interrupción del embarazo. Según su demanda de amparo, las normas actuales no solo restringían su capacidad para operar libremente, sino que también disuadían a las personas que deseaban acceder a servicios de aborto y promovían una visión que impone la maternidad como destino obligatorio.
El fallo también resalta la necesidad de que los derechos reproductivos sean protegidos en el ámbito legal y social, marcando un paso importante en la jurisprudencia mexicana. La decisión de la SCJN obliga al Congreso de Yucatán a revisar y ajustar su legislación para cumplir con los estándares de derechos humanos y garantizar el acceso seguro y legal a servicios de aborto.
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