La Secretaría de Marina (Semar) aseguró una embarcación menor con equipo especializado para la pesca submarina a aproximadamente 25 kilómetros al noreste de Puerto Progreso, Yucatán. Ninguno de los cinco tripulantes que viajaban a bordo contaba con las autorizaciones ni los permisos requeridos por la legislación vigente para realizar dicha actividad.
Detección y seguimiento de la embarcación
De acuerdo con la información oficial emitida por la institución, los hechos ocurrieron el pasado jueves mientras el personal naval realizaba un recorrido ordinario de vigilancia y seguridad marítima. Durante el patrullaje, las autoridades detectaron una lancha cuya tripulación mostró una conducta considerada sospechosa.
Al aproximarse las unidades oficiales para efectuar una inspección preventiva, los tripulantes ignoraron las indicaciones y pasaron de largo. Ante esta acción, los elementos de la Semar iniciaron un seguimiento controlado en el mar que concluyó en las inmediaciones del puerto, donde el personal militar logró abordar la unidad y realizar las indagatorias correspondientes.
Objetos e insumos decomisados
Durante la revisión física de la embarcación, los marinos contabilizaron e incautaron diversos insumos y herramientas, entre los que destacan 400 litros de gasolina, un compresor de aire y un tanque artesanal para su almacenamiento. Asimismo, se decomisó un tanque de buceo de aluminio para aire comprimido, dos arpones para pescar, dos pares de aletas, tres visores, un regulador de presión y una manguera flexible.
El reporte de la autoridad naval detalló que al interior del bote no se localizó ningún producto pesquero. En el material gráfico divulgado se constata que la vestimenta de las cinco personas señaladas no correspondía a la indumentaria adecuada para las labores de pesca. Hasta el momento, las dependencias oficiales no han especificado la situación jurídica de los civiles ni si fueron puestos formalmente bajo arresto.
Todos los objetos e insumos asegurados por los elementos federales fueron trasladados a tierra y puestos a disposición de la autoridad competente, con la finalidad de integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente para el deslinde de responsabilidades.
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