En una reunión celebrada este viernes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece un tope salarial para los funcionarios públicos, fijando que ninguno de ellos podrá ganar más que el presidente de la República. Esta medida, parte del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que el salario del titular del Ejecutivo Federal no podrá superar los 2 millones 892 mil 848 pesos anuales, equivalentes a 241 mil 70 pesos mensuales.
La nueva disposición, que se añadirá al artículo 127 de la Constitución, especifica que la remuneración integral del presidente incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie. Sin embargo, se excluyen de esta cifra los gastos sujetos a comprobación, gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones oficiales.
El PRI, representado por la diputada Cynthia López Castro, expresó su apoyo a la medida, argumentando que el sueldo mensual del presidente, de 136 mil 739 pesos según el Presupuesto de Egresos de la Federación, es suficiente para que un servidor público viva dignamente. «Quien quiera ganar más, que se dirija a la institución privada», afirmó López Castro, destacando el compromiso de su partido con la austeridad en el sector público.
Por su parte, el diputado Jorge Triana, del PAN, criticó la iniciativa por considerar que es selectiva y no abona a la austeridad prometida por López Obrador. Triana reprochó la postura de Morena de criticar los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte, mientras que no menciona al exministro Arturo Zaldívar, quien recientemente se unió al gabinete de Claudia Sheinbaum y que también percibe una remuneración superior al salario presidencial. «Queremos un gobierno austero, que haga recortes con bisturí y no con hacha», subrayó el legislador.
La propuesta también incluye una cláusula que permite al Ejecutivo Federal otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares para operar trenes de pasajeros, lo que generó polémica entre la oposición, que cuestiona la eficiencia y rentabilidad de estos proyectos.
La reforma será discutida y votada en el Pleno de la Cámara de Diputados después del 1 de septiembre, cuando los nuevos legisladores asuman sus cargos. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos de la actual administración por imponer un mayor control sobre el gasto público y reducir los salarios de los altos funcionarios, buscando así promover una política de austeridad en el gobierno federal.
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