El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acatará la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordena entregar información sobre las sanciones no graves impuestas a jueces y magistrados. Esta decisión se tomó en respuesta a una orden emitida el pasado 10 de julio por el pleno del INAI.
De acuerdo con el CJF, las sanciones administrativas no graves contra juzgadores “no pueden publicitarse en tanto que la legislación establece que no serán públicas”. Hasta ahora, el CJF solo había ofrecido información sobre sanciones vinculadas con faltas graves, las cuales son públicas en el Portal Nacional de Transparencia. Sin embargo, el CJF ha indicado que acatará la instrucción del INAI y hará públicas también las sanciones no graves.
El pleno del INAI, mediante la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, determinó que el CJF debe entregar un listado detallado de las personas juezas y magistradas sancionadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. Esta resolución se dio en respuesta a una solicitud de información realizada por un ciudadano que consideró incompleta la información entregada inicialmente por el CJF.
“En este pleno, en particular en esta ponencia y con esta resolución, no estamos juzgando posturas políticas ni nos inclinamos a ninguna propuesta. Nuestra labor es resolver apegados a derecho”, subrayó la comisionada del Río Venegas al anunciar la decisión.
Pese a la instrucción del INAI, el CJF emitió un comunicado donde justificó que “la respuesta otorgada a la solicitud de acceso se construyó en apego a la normativa aplicable a la publicidad de las sanciones administrativas, de la que se desprende que únicamente deben de darse a conocer aquellas impuestas por faltas graves”. No obstante, el Consejo aseguró que cumplirá con la resolución en los términos que esta señale.
La base legal de esta decisión se encuentra en el artículo 531 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y el artículo 272 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que disponen que los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves quedarán registradas, pero no serán públicas.
Con este cumplimiento, el CJF se alineará con la orden del INAI, garantizando mayor transparencia y acceso a la información pública, aunque la legislación previamente establecía restricciones para la publicidad de ciertas sanciones. Esta acción representa un paso importante en la rendición de cuentas dentro del sistema judicial mexicano.
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