El diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública afecta la rendición de cuentas y centraliza el control de la información en el Ejecutivo Federal. Durante su intervención en tribuna, señaló que la reforma representa un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información.
Según el legislador, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la creación de un nuevo organismo denominado «Transparencia del Pueblo» limita el derecho ciudadano a la información pública. Indicó que este organismo, dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, estaría bajo el control del Ejecutivo, lo que, a su juicio, podría afectar su imparcialidad.
«El mismo gobierno que genera la información decidirá si procede o no conocer de ella», afirmó Yáñez Cuéllar. Agregó que, con esta reforma, las solicitudes de información ya no podrán realizarse de manera anónima, lo que representa un obstáculo para periodistas, académicos y ciudadanos que buscan transparencia en la gestión pública.
El diputado también criticó el uso de recursos públicos para la creación del nuevo organismo y aseguró que este se convertirá en una entidad afín al gobierno en turno. “Será otro órgano al servicio del Estado, lleno de corrupción, de adjudicaciones directas y sin personal capacitado”, expresó.
Yáñez Cuéllar señaló que la eliminación de la Plataforma Nacional de Transparencia pone en riesgo más de 14 mil millones de archivos con información pública. Además, aseguró que este nuevo sistema podría utilizarse para vigilar y perseguir a opositores, periodistas y activistas.
Como ejemplo de la importancia del acceso a la información, mencionó el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde familias de personas desaparecidas han utilizado herramientas de transparencia para acceder a datos de investigaciones y exigir respuestas a las autoridades.
El legislador concluyó su intervención asegurando que el acceso a la información no es una concesión del gobierno, sino un derecho fundamental de la ciudadanía. «No permitiremos que se cierren las puertas a la verdad», finalizó.
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