El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Luis Antonio Yépez, alias «El Monedas» y hijo del fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, quedó libre debido a que un tribunal anuló la prisión preventiva en su contra. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) criticó fuertemente esta decisión, argumentando que los jueces y magistrados no consideraron adecuadamente el peligro que representa su relación familiar con el líder del cartel.
El 17 de junio, magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa en Querétaro concedieron una suspensión provisional que dejó sin efecto la prisión preventiva de Yépez, al considerarla inconvencional. Al día siguiente, en audiencia, la jueza María del Refugio Castañeda impuso medidas cautelares a los implicados, que incluyen la obligación de presentarse periódicamente a firmar en el juzgado, pagar una fianza y la prohibición de acercarse a los policías que los detuvieron o salir del país.
La SSPC expresó su descontento con esta resolución, subrayando que los jueces y magistrados no tomaron en cuenta la gravedad del caso, dado que Yépez es hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, un grupo criminal de alta peligrosidad. «No podemos permitir que decisiones judiciales de este tipo pongan en riesgo la seguridad pública», señaló un portavoz de la SSPC.
Además, se informó que la directora del Cefereso 12 en Guanajuato, donde se encontraban recluidos los supuestos criminales, incumplió la orden judicial de liberarlos en un plazo de 24 horas. Como consecuencia, se impusieron tres multas a la directora del centro penitenciario: de 200, 400 y 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
El caso ha generado una controversia significativa en el ámbito judicial y de seguridad pública en México, planteando serias dudas sobre la efectividad de las medidas cautelares y la independencia del poder judicial en decisiones que afectan directamente la lucha contra el crimen organizado. Las críticas del gobierno y de la SSPC reflejan una preocupación más amplia sobre la capacidad de las instituciones para manejar casos de alto perfil y la necesidad de reformas judiciales para asegurar que la justicia se administre de manera efectiva y equitativa.
López Obrador enfatizó la importancia de revisar estos procesos judiciales y aseguró que su administración continuará trabajando para fortalecer el sistema de justicia en México, garantizando que este tipo de situaciones no se repitan y que los responsables de actividades delictivas enfrenten las consecuencias adecuadas por sus actos.
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