El empresario Arturo Castagné Couturier y la diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño acudieron la mañana de este martes a Palacio Nacional para entregar supuestas pruebas de corrupción contra la exsecretaria de Energía y ahora aspirante a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle. Las acusaciones se centran en la adquisición de cuatro viviendas y la malversación de fondos relacionados con la refinería Dos Bocas.
“Le llevé las pruebas de las 35 denuncias penales que presenté el pasado 25 de abril en la Fiscalía General de la República, así como la denuncia administrativa que entregué en la Secretaría de la Función Pública por discrepancias en sus declaraciones patrimoniales. No las quiso”, señaló la diputada Pérez-Jaén, después de esperar sin éxito ser recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tanto la legisladora como el empresario buscaban una reunión con el presidente, quien el pasado viernes instó a quienes acusaran a Rocío Nahle de actos ilegales a presentar pruebas concretas en lugar de solo hacer señalamientos. Sin embargo, ante la negativa de poder ingresar a Palacio Nacional, ambos rechazaron entregar los documentos a personal de Atención Ciudadana, expresando su desconfianza de que los papeles pudieran terminar en la basura.
“No se los entregaríamos a nadie más que al presidente”, subrayó Pérez-Jaén. El empresario Arturo Castagné respaldó esta postura: “El Presidente ha insistido mucho en que presentemos pruebas y denuncias. Las denuncias están presentadas y venimos hoy a ratificar y entregarle las pruebas, pero se las queremos entregar a él en mano”.
Las denuncias mencionadas incluyen 35 casos presentados ante la Fiscalía General de la República y una denuncia administrativa por discrepancias en las declaraciones patrimoniales de Rocío Nahle. Estas acciones son parte de un esfuerzo para presionar al gobierno a tomar medidas en contra de la exsecretaria de Energía, a quien acusan de haber incurrido en actos de corrupción durante su gestión.
Rocío Nahle, actualmente en campaña para la gubernatura de Veracruz, ha sido objeto de varias acusaciones de corrupción, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes en su contra que hayan resultado en acciones legales significativas. La negativa del presidente a recibir personalmente las pruebas presentadas por Pérez-Jaén y Castagné ha generado controversia y críticas de la oposición.
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