La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno abrió una investigación oficial respecto a la estancia de Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del actual secretario de Economía, en la embajada de México en el Reino Unido. El proceso se deriva de una serie de quejas y solicitudes ciudadanas recibidas por la dependencia federal.
«No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática«, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa. El objetivo de la indagatoria es determinar si existió alguna falta administrativa o jurídica en el uso de la sede diplomática por parte de un particular.
Contexto de los hechos
El caso fue difundido inicialmente por el periodista Claudio Ochoa, quien reportó que el hijo del ex canciller residió durante seis meses en la embajada de Londres, específicamente entre octubre de 2021 y abril de 2022. Según la información revelada, el joven ocupó una habitación en la residencia oficial ubicada en Belgrave Square.
El pasado 16 de abril, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió los hechos ante los medios de comunicación. El funcionario justificó la estancia como una respuesta a una invitación de la embajadora Josefa González-Blanco y a su propia «preocupación» por la salud de su hijo en el contexto de la pandemia de Covid-19. «No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente», sostuvo Ebrard.
Revisión de normas diplomáticas
Ante los cuestionamientos sobre la ética del suceso, la presidenta Sheinbaum evitó emitir juicios de valor y se limitó a señalar que el caso servirá para evaluar el marco normativo actual. La mandataria planteó la posibilidad de «normar las características de las embajadas» en caso de que los reglamentos existentes no contemplen estas situaciones específicas de convivencia.
La investigación deberá deslindar si el alojamiento de un familiar de un alto funcionario en instalaciones gubernamentales vulneró la Ley General de Responsabilidades Administrativas o los protocolos de la Cancillería mexicana, incluso si, como afirma el secretario, no se emplearon fondos públicos de manera directa para su manutención.
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