Un juez federal ha dado un plazo de 24 horas a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que reintegre el pago de la pensión post-mortem a María Amparo Casar Pérez, presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCI). Esta orden se emitió como parte de una suspensión de plano en el amparo que tramitó Casar Pérez contra la suspensión del beneficio económico.
Desde enero de 2005, Casar Pérez es pensionada vitalicia de Pemex. Sin embargo, desde la primera quincena de marzo, la paraestatal dejó de realizar el pago de su pensión, argumentando que era un cobro indebido, ya que su esposo no habría fallecido por accidente de trabajo.
Aunque el juez se declaró incompetente para continuar conociendo del caso, resolvió que el patrón no puede suspender unilateralmente el pago de la pensión cuando se activa ese derecho, a menos que exista una orden jurisdiccional o administrativa que lo justifique.
María Amparo Casar argumentó en su demanda de amparo que la suspensión de la pensión compromete su subsistencia y señaló que no ha sido notificada de ningún acto en el que Pemex ordene la suspensión del pago.
Para Casar, la suspensión del pago no fue una omisión, sino una acción deliberada, ya que no se le notificó ninguna fundamentación ni motivación para dicha suspensión. La pensión se dejó de pagar a partir de la primera quincena de marzo sin ninguna justificación.
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