El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) ha levantado su voz de alarma denunciando la falta de avances significativos en el caso del incendio que tuvo lugar hace casi un año en un centro migratorio de Ciudad Juárez, el cual cobró la vida de 40 personas. En un comunicado emitido este martes, la organización lamentó que no se haya logrado ninguna sentencia ni reparación integral del daño a las víctimas, y destacó la permanencia de Francisco Garduño Yáñez como titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Según el Imumi, a la fecha, 11 personas están vinculadas a proceso por este trágico suceso, incluyendo a Antonio Molina Díaz, excoordinador de Control y Verificación Migratoria, quien se encuentra prófugo, así como al comisionado Francisco Garduño. A pesar de esto, Garduño ha permanecido al frente del INM, e incluso propuso una solución alterna para asumir el costo de reparación del inmueble afectado por el incendio, pero sin contemplar la indemnización de las víctimas, propuesta que fue rechazada por un juez de control en septiembre del año pasado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado en agosto de 2023 que el INM pasaría a ser controlado por la Guardia Nacional, y se esperaba la salida de Francisco Garduño del instituto en diciembre de ese año. Sin embargo, su permanencia en el cargo ha generado críticas por parte de organizaciones como el Imumi, que lo acusan de no asumir su responsabilidad y de buscar diluir su responsabilidad en la tragedia.
La situación se agrava con la falta de cumplimiento de deberes por parte de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF). Según el Imumi, estas entidades no han cumplido con su deber de reparación del daño y de procurar justicia para las víctimas del incendio.
La CEAV, en particular, ha sido señalada por su falta de compromiso, ya que su titular, Yuriria Rodríguez Estrada, ha cancelado en varias ocasiones reuniones con senadores para tratar el caso y se ha negado a reunirse con los abogados de las víctimas. Mientras tanto, tanto la FGR como el PJF han avanzado poco en los procesos penales relacionados con el incidente, dejando a las víctimas y sus familias en un limbo de impunidad y falta de justicia.
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