El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, continuará su proceso legal en prisión domiciliaria, luego de que un Tribunal Federal otorgara un amparo a su favor. Este fallo implica su liberación del Reclusorio Norte, donde se encontraba recluido, para enfrentar los cargos por corrupción relacionados con el caso Odebrecht desde la comodidad de su hogar.
El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, miembro del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, fue el encargado de proponer la protección judicial para el exfuncionario. Contreras Navarro consideró que no existe un riesgo significativo de que Lozoya se sustraiga de la acción de la justicia, fundamentando así su decisión de otorgarle la prisión domiciliaria.
Lozoya estará sujeto al uso de un brazalete electrónico como medida de control mientras continúa su proceso legal. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que expresó su descontento con esta decisión judicial, destacando que el exfuncionario aún no ha salido victorioso en ninguno de los juicios a los que ha sido sometido por parte del Ministerio Público de la Federación.
La suspensión definitiva concedida previamente por una jueza federal no implica la liberación inmediata de Lozoya, sino que su libertad personal quedará a disposición del juzgado de amparo y del juez de control encargado del caso Odebrecht. Este recurso legal busca echar atrás la resolución emitida en diciembre de 2023, donde se rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Pemex.
Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, fue la encargada de conceder la suspensión definitiva, respaldando así la solicitud de Lozoya para cambiar su situación de reclusión. El proceso judicial continúa su curso mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo interpuesto por el exfuncionario.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Emilio Lozoya ha generado controversia en la opinión pública y en el ámbito político, avivando el debate sobre la efectividad del sistema judicial mexicano en casos de corrupción de alto perfil. Mientras tanto, el proceso legal contra el exdirector de Pemex sigue siendo objeto de atención y escrutinio por parte de la sociedad y las autoridades.
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