En el sector energético mexicano, al menos 700 permisionarios que se dedican a la venta de gasolinas, diésel, gas LP y gas natural enfrentan la posibilidad de ser sancionados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debido a diversos incumplimientos en sus obligaciones relacionadas con la cesión de derechos. Estas infracciones podrían resultar en multas millonarias e incluso la revocación de los permisos.
La facultad de ceder los permisos otorgados por la CRE a terceros es una prerrogativa contemplada en la normativa vigente. Sin embargo, algunos permisionarios están incurriendo en irregularidades para llevar a cabo esta cesión. Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), señaló en entrevista que estas irregularidades incluyen la falta de pólizas de seguro completas o el incumplimiento en la entrega oportuna de información operativa.
En respuesta a esta problemática, la CRE publicó el Acuerdo A/80/2023 el pasado 12 de enero en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo un procedimiento para que los permisionarios incumplidos puedan regularizar sus obligaciones. Sin embargo, aquellos que decidan adherirse a este acuerdo deberán pagar una multa económica, reconociendo así su deuda con algún requisito.
Según lo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos, los permisionarios que incumplan con sus obligaciones podrían enfrentar multas que van desde los 7 mil 500 hasta los 150 mil salarios mínimos, lo que equivaldría a multas de entre 1 millón 866 mil pesos hasta 37 millones de pesos.
Marcial Díaz expresó su preocupación ante esta situación, señalando el contexto de aumento en la recaudación por parte del gobierno y el uso de multas como una fuente de ingresos adicionales para las dependencias gubernamentales.
Por otro lado, Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (ADEE), considera que el programa de regularización implementado por la CRE es una oportunidad para los permisionarios que enfrentan dificultades, como la falta de pólizas de seguros. Según Marcelino, algunos permisionarios podrían optar por adherirse al acuerdo, ya que les resultaría más costoso perder sus permisos.
Los permisionarios tienen plazo hasta el 31 de marzo del presente año para acogerse a este programa de regularización. Mientras tanto, la CRE ha iniciado visitas de inspección a los expendios de combustibles para observar posibles incumplimientos, generando preocupación entre los titulares de permisos en el sector.
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