En medio de la creciente crisis de desabasto de medicamentos en México, un grupo de legisladores de los partidos PAN, PRI y PRD, encabezados por Éctor Jaime Ramírez Barba, Ana Laura Sanchez Velazquez, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul, Marcelino Castañeda Navarrete, Leticia Zepeda Martínez, Martha Estela Romo Cuéllar, Mariana Nassar Piñeyro, Vicente Javier Verastegui Ostos, Juan Carlos Maturino Manzanera, María del Carmen Escudero Fabre y Mariana Mancillas Cabrera, ha suscrito una iniciativa para reformar la Ley General de Salud.
El objetivo de la propuesta es garantizar el acceso oportuno a los medicamentos, independientemente de la determinación del gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Estado tiene la obligación de suministrar tratamientos de forma oportuna, permanente y constante, teniendo en cuenta el estado de salud del paciente y sus requerimientos médicos.
La iniciativa destaca que, en caso de interrupción del suministro, las autoridades responsables deben reembolsar los gastos incurridos por la adquisición de medicamentos. La propuesta surge como respuesta a medidas ineficaces del gobierno federal, como la creación de una Megafarmacia, que los legisladores consideran no resolverá el desabasto y aumentará los tiempos de traslado de medicinas.
Argumentan que esta medida solo contribuirá a perpetuar la crisis de escasez y aumentar el gasto de bolsillo de los mexicanos en salud. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI, analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un hogar afiliado al IMSS gasta un promedio de 5 mil 350 pesos al año en gastos privados para adquirir medicamentos no otorgados por el sector público.
El gobierno ha admitido que se dejaron de surtir 45 millones de recetas en estos años. Ante esta situación, los legisladores proponen medidas concretas, como obligar a las instituciones públicas de salud a reembolsar los gastos de los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social debido a la omisión de servicios y la entrega de insumos para la salud. Asimismo, establecen condiciones para el derecho al reembolso, incluyendo la prescripción por profesionales de instituciones públicas y el cumplimiento de estándares de salud.
La iniciativa busca una implementación rápida, estableciendo un plazo máximo de 90 días para que los prestadores de servicios de salud establezcan los procedimientos necesarios. Además, proponen que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud financien los reembolsos con los recursos asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La propuesta de reforma, enmarcada en la búsqueda de soluciones prácticas y efectivas, plantea un enfoque centrado en garantizar el acceso a medicamentos esenciales y reducir el gasto de bolsillo de los ciudadanos en el sector de la salud.
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