El diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el fin de obligar a establecimientos abiertos al público a contar con rampas o medios accesibles.
La propuesta busca garantizar el derecho a la movilidad de los 7.1 millones de personas con discapacidad en México, eliminando barreras físicas que impiden el acceso a servicios básicos, empleo y participación social.
Detalle de la iniciativa legislativa
La propuesta plantea adicionar el Artículo 16 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta modificación establecería de manera expresa que establecimientos mercantiles, comerciales, financieros, turísticos, recreativos, culturales y de prestación de servicios deben garantizar condiciones de accesibilidad frente a desniveles, escalones u obstáculos físicos.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la dificultad más reportada por este sector poblacional es la movilidad; el 41% de las personas con discapacidad presenta problemas para caminar, subir o bajar escaleras, lo que equivale a aproximadamente 2.9 millones de personas.
Enfoque de derechos y verificación
El legislador sostuvo que la accesibilidad no debe entenderse como una concesión, sino como una condición básica para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Señaló que el proceso de envejecimiento poblacional en el país, con más de 17 millones de personas adultas mayores, hace necesario avanzar en la adecuación de espacios físicos para el desplazamiento.
La iniciativa contempla que autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México incorporen la verificación de estas condiciones en la expedición y supervisión de licencias, permisos, dictámenes de funcionamiento y uso de suelo.
Implementación gradual e incentivos
Para asegurar la viabilidad de la reforma, el documento plantea esquemas de verificación gradual, programas de orientación técnica y mecanismos accesibles de denuncia. Asimismo, se prevé el establecimiento de incentivos para que las micro y pequeñas empresas puedan realizar las adecuaciones físicas necesarias sin afectar su estabilidad económica.
El objetivo central, precisó Abramo Masso, es transitar hacia una medida que sea concreta, verificable y exigible, asegurando que ninguna persona sea excluida de establecimientos por la presencia de barreras físicas.
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