En una comparecencia ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, reveló que se han presentado 99 denuncias penales por presuntos casos de enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y abuso de autoridad en el último año fiscal.
Salcedo Aquino informó a los diputados federales que, hasta el 30 de septiembre de este año, se han manejado un total de mil 580 expedientes, de los cuales el 49% ya fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
El funcionario destacó que se emitieron 250 resoluciones sancionatorias, dirigidas a proveedores y contratistas que infringieron la normativa en materia de adquisiciones y obra pública. Dentro de este grupo, se impusieron multas que ascienden a mil 102 millones de pesos y se aplicaron 173 inhabilitaciones.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) expresó sus inquietudes sobre lo que considera «sospechosas omisiones y oportunidades perdidas» debido al supuesto trabajo ineficiente de la SFP. El legislador criticó la eficiencia del organismo, señalando que tiene la peor evaluación según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El contexto de denuncias penales y medidas sancionatorias subraya la importancia de la lucha contra la corrupción y el compromiso de las autoridades para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.
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