La empresa Servicios Integrales Carregin, involucrada en la compra y venta de 7.8 toneladas de azúcar que resultó en un desvío millonario en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), ha sido inhabilitada por un periodo de cuatro años y seis meses por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto impide que la empresa celebre convenios con empresas públicas o gobiernos a cualquier nivel.
Según una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, la SFP impuso una multa de dos millones 419 mil 500 pesos a la empresa por las irregularidades encontradas en el convenio firmado con Diconsa. Esto a pesar de que el desfalco identificado en este contrato ascendió a 142 millones 440 mil 883 pesos.
La sanción y la multa entrarán en vigor a partir de este sábado, sin embargo, no afectarán el curso de los pagos establecidos en la circular del DOF, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En este caso, también están involucradas 22 personas, entre servidores públicos, empresarios y civiles que probablemente se beneficiaron del aparente desvío. La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido órdenes de aprehensión contra ellos, logrando la vinculación a proceso de al menos 11 hasta junio de este año, principalmente por peculado y delincuencia organizada. Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex, fue puesto en libertad al considerarse que no existían suficientes pruebas en su contra, según lo determinó el juez de la causa.
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