La jueza federal Cecilia Quintero Rico, ha establecido un plazo de tres días para que el Senado de la República informe sobre la fecha en la que llevará a cabo la sesión destinada al nombramiento de uno de los comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Aunque la resolución no obliga al Senado a concretar el nombramiento, busca que se cumpla con la responsabilidad en un lapso determinado, considerando que el próximo período ordinario inicia el 1 de septiembre.
La jueza Quintero Rico se pronunció específicamente sobre la vacante generada por la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas el 31 de marzo pasado, sin abordar las otras dos vacantes que permanecen sin ocupar desde el año 2022. En su sentencia, indicó: “Requiérase a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como a su Junta de Coordinación Política, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito la fecha en que será sometida a consideración la nueva propuesta, en los términos previstos en el artículo 6 apartado A, fracción XII, párrafo octavo y noveno, de la Constitución, a efecto de continuar con el procedimiento para lograr la designación de Comisionada o Comisionado”.
Por otra parte, en una sesión reciente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión que permite al INAI llevar a cabo sesiones con tan solo cuatro comisionados, en lugar de los cinco que establece el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta determinación contribuye a evitar la inoperancia parcial del organismo que podría haber surgido debido a la omisión del Senado en efectuar al menos uno de los tres nombramientos pendientes en el INAI durante casi cinco meses.
A pesar de la suspensión concedida, la obligación del Senado de cumplir con su responsabilidad persiste. La jueza Quintero Rico solicitó una actualización sobre cuándo se llevará a cabo la decisión pendiente, con el fin de asegurar el funcionamiento adecuado y completo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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