Diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, para que abandonen el enfoque bélico en la política de drogas y construyan un consenso regional basado en la salud pública y la participación en la próxima Conferencia sobre Política de Drogas, que tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre en Cali.
En una carta publicada recientemente, estas organizaciones enfatizan la importancia de que el diálogo entre Colombia y México se alinee con los esfuerzos liderados por el gobierno de Gustavo Petro, que ha priorizado la participación de diversos sectores en la formulación de políticas públicas.
Entre los temas que solicitan incluir en la agenda de la conferencia se encuentran la regulación del uso adulto del cannabis, así como la adopción de medidas alternativas al encarcelamiento para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o coacción por parte del crimen organizado en casos de delitos relacionados con drogas.
Además, las organizaciones instan a la creación de estrategias que aseguren los derechos económicos, sociales y culturales de la población involucrada en el cultivo de plantas consideradas ilícitas. Asimismo, abogan por la desmilitarización de las tareas de seguridad pública relacionadas con el mercado ilícito de drogas.
En su comunicado, las organizaciones expresan su preocupación de que la conferencia pueda centrarse en el fentanilo bajo la narrativa fallida de un «mundo libre de drogas» y un enfoque bélico y punitivo. También expresan inquietud por la política de drogas en México durante el mandato de López Obrador, la cual consideran basada en el estigma, la criminalización y la militarización de la seguridad pública.
Las organizaciones también solicitan la convocatoria de mesas de trabajo con expertos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la reforma de las políticas de drogas en la región.
Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre la conferencia en Cali ni la confirmación oficial de otros mandatarios, la carta hace un llamado claro a adoptar un enfoque de salud pública y participativo en la política de drogas, buscando soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
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