Un análisis cartográfico realizado por la organización CartoCrítica ha arrojado preocupantes resultados sobre la deforestación en la península de Yucatán para la construcción del Tren Maya, cuya operación se prevé para diciembre de este año. Según este análisis, al menos 6,659 hectáreas de selva baja y mediana han sido deforestadas, de las cuales solo el 13 por ciento cuenta con autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), mientras que el 87 por ciento carece de esta autorización.
El director de CartoCrítica, Manuel Llano Vázquez, señaló que los tramos 6 y 7 del proyecto, a cargo del Ejército, han removido 2,089 hectáreas de selva sin autorización alguna. En el pasado mes de junio, se deforestaron 104.7 hectáreas, y solo una de ellas tenía aval de las autoridades para el cambio de uso de suelo, lo que sugiere un posible desacato a las normativas vigentes.
Del total de hectáreas deforestadas, se reportaron 11 hectáreas de selva mediana y alta, 6 de selva alta, 2,220 de selva mediana y 4,139 de selva baja. La selva baja y mediana subperennifolia representa el 62 por ciento de la vegetación removida, mientras que el 34 por ciento corresponde a selva mediana caducifolia, de acuerdo con los resultados del análisis cartográfico.
Aunque no hay una evaluación precisa sobre la cantidad exacta de árboles removidos, Sergio Madrid, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), estima que cada hectárea de selva mediana, baja y alta puede contener al menos 900 árboles. Basándose en esta estimación, se calcula que alrededor de 6 millones de árboles han sido deforestados para dar paso a las obras del Tren Maya.
El hecho de que gran parte de la deforestación haya ocurrido sin la debida autorización de cambio de uso de suelo ha generado preocupación entre especialistas y activistas ambientales. Viridiana Maldonado, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que este incumplimiento con la normativa ambiental constituye graves violaciones a la ley. A pesar de que se han presentado denuncias por parte de la sociedad civil, Maldonado critica la pasividad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para sancionar a las constructoras y al Ejército involucrados en el proyecto.
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