El Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha revelado que la opacidad y la falta de rendición de cuentas están avanzando en el país, especialmente en 13 estados donde se ha observado un retroceso en transparencia presupuestaria, sobre todo en los gobiernos de Morena que llegaron al poder en 2021. Entre estos estados destacan Sonora con Alfonso Durazo y Zacatecas con David Monreal, quienes presentaron los mayores descensos en esta materia.
El análisis realizado por el IMCO señala que persisten las malas prácticas, como presupuestos fantasmas o sin recursos asignados, además de la falta de legibilidad e inconsistencias en los casos de Durango, Morelos y Zacatecas.
El informe destaca que los subsidios, fideicomisos y financiamiento a partidos políticos son los temas más opacos en la elaboración y publicación del presupuesto en los estados, según el BIPE. Los cambios de gobierno, especialmente aquellos ocurridos en 2021 y que llevaron a la llegada de varios gobiernos de Morena, han puesto en riesgo la transparencia presupuestaria.
En el ejercicio fiscal 2023, siete de las 15 entidades que tuvieron elecciones en 2021 retrocedieron en promedio un 6 por ciento en el BIPE. Los estados con mayores retrocesos fueron Zacatecas y Sonora, con una caída del 11% y 19% respectivamente.
En cuanto a las calificaciones más bajas, los tres estados con menor puntuación son Guerrero (69.8 por ciento), Sonora (76.7 por ciento) y Michoacán (78.5 por ciento). Actualmente, solo siete estados tienen una calificación de 100 por ciento.
El análisis del IMCO indica que estos resultados reflejan una falta de continuidad en las políticas públicas y la incapacidad de las nuevas administraciones para aprovechar y construir sobre los avances logrados en las administraciones anteriores.
El BIPE evalúa la calidad y el nivel de transparencia de la información presupuestal de los gobiernos estatales, midiendo 116 criterios presupuestales organizados en 10 secciones. La sección «Subsidios, Fideicomisos y otros» evalúa el desglose del presupuesto en 21 criterios, incluyendo el financiamiento de partidos políticos y programas presupuestales.
A pesar de que la calificación de estos criterios no depende del cumplimiento de la regulación, sino de la adopción de buenas prácticas, se observa una persistente falta de desglose y transparencia en esta sección, siendo el menor nivel del BIPE. De hecho, 10 estados tienen una calificación igual o menor al 76 por ciento en esta área.
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