La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de aprobación del decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, denominada como “3 de 3 contra la violencia”.
El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva, anunció que se han obtenido los votos aprobatorios por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política. La reforma se remitirá al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Según la secretaría de la Mesa Directiva, se recibieron 23 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
La reforma establece la suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos que hayan sido condenados de manera firme por la comisión intencional de delitos como violencia familiar, violencia sexual, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género y la condición deudora alimentaria morosa. En consecuencia, estas personas no podrán ser candidatas a cargos de elección popular ni ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Además de la suspensión de derechos, la reforma incorpora un lenguaje inclusivo y establece requisitos más precisos para ser titular de la Fiscalía General de la República.
La diputada Aleida Alavez Ruiz, del partido Morena, destacó que la “3 de 3 contra la violencia” es un primer paso en la protección de los derechos de las mujeres. Aunque aún faltan temas por abordar, como la brecha salarial y la libre decisión sobre el cuerpo, esta reforma constituye un avance significativo. Alavez Ruiz subrayó que esta medida no es una lucha contra los hombres, sino contra aquellos que han sido condenados por violencia. Se busca evitar que los agresores accedan a cargos públicos ahora y en el futuro.
Por su parte, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció a los legisladores y legisladoras que respaldaron la propuesta y a las mujeres que se unieron para impulsar esta reforma. Sin embargo, señaló que es necesario llevar a cabo acciones coherentes que acompañen cada paso dado. Viggiano Austria enfatizó que no se puede celebrar la “3 de 3” si se permite que las mujeres sean públicamente violentadas en el ejercicio de sus responsabilidades. Llamó a levantar la voz en defensa de las mujeres y a trabajar por las instituciones y el Estado de derecho.
El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), consideró fundamental erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Aunque la legislación aprobada representa un avance, señaló que aún no aborda la violencia en la vida cotidiana, ya que se limita al ámbito político. Fernández Noroña expresó su apoyo para que ninguna persona que cometa actos violentos contra las mujeres pueda tener responsabilidades políticas. Sin embargo, también advirtió sobre posibles usos perversos de la legislación por parte del Poder Judicial para perjudicar a compañeras y compañeros del movimiento.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó la importancia histórica de esta reforma, que reconoce la lucha de las feministas y garantiza la justicia para las mujeres. A partir de ahora, los deudores alimentarios y los violentadores ya no podrán ampararse en la complicidad y la impunidad. Pérez Valdez afirmó que la declaración de aprobación demuestra el poder de las mujeres unidas para generar cambios trascendentales en el país y el mundo. Exigió la publicación inmediata de la “3 de 3” en el Diario Oficial de la Federación para que pueda ser utilizada en el proceso electoral 2023-2024.
Con esta reforma constitucional, se busca promover la igualdad de género, prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar que las personas condenadas por actos violentos no ocupen cargos públicos en México.
Fer Moctezuma 