El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha anunciado que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar su inoperancia el próximo 1 de abril debido a la falta de quórum legal en el pleno. Esta decisión se tomó después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara a Yadira Alarcón y Rafael Luna como nuevos comisionados del órgano autónomo.

De acuerdo con la legislación actual, el Inai necesita al menos cinco miembros para sesionar, y actualmente trabaja al límite, pero en 16 días termina el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Yadira Alarcón y Rafael Luna fueron seleccionados por el Senado de la República para convertirse en los nuevos comisionados del Inai, pero la objeción de AMLO ha llevado a los legisladores a tener que repetir la elección.

La controversia constitucional será presentada por Gonzalo Sánchez de Tagle, director jurídico del Inai. Este mecanismo de defensa busca evitar la inoperancia del pleno del instituto y así tutelar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los mexicanos, según afirmó Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Inai, durante la sesión extraordinaria.

La falta de nombramiento de los dos nuevos comisionados del Inai ha sido vista con preocupación por el pleno del instituto, ya que esto debilita la labor de la institución. La intervención del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas ha sido especialmente crítica con la actuación del presidente López Obrador, a quien ha cuestionado por estrenar una potestad del Ejecutivo que nunca se había utilizado. Acuña Llamas ha afirmado que los derechos y las libertades públicas no son un asunto de gustos, de afinidad o del parecer de las autoridades, sino que están reconocidos en la Constitución.

La falta de quórum legal en el pleno del Inai podría tener consecuencias graves para los ciudadanos mexicanos. El acceso a la información y la protección de datos personales son derechos fundamentales en una sociedad democrática, y el Inai es el órgano encargado de garantizarlos. Si el instituto queda inoperante, los ciudadanos perderían una herramienta vital para controlar el poder y proteger su privacidad.

Además, la falta de nombramiento de los dos nuevos comisionados del Inai es una muestra más de la falta de compromiso del gobierno mexicano con la transparencia y la rendición de cuentas. En lugar de fortalecer a las instituciones encargadas de controlar el poder, el presidente López Obrador ha decidido debilitarlas, socavando así los cimientos de la democracia mexicana.

En definitiva, la presentación de la controversia constitucional por parte del Inai es una medida necesaria para proteger los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé la razón al instituto y garantice así que el Inai pueda seguir trabajando en defensa de los derechos y libertades de los mexicanos.