El jueves, el ministro Luis María Aguilar Morales retiró de la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto que evoca la posibilidad de abolir la prisión preventiva informal luego de escuchar los argumentos de sus colegas el pasado lunes y martes.
Al presentar su respuesta, el ministro Aguilar Morales anunció que el retiro del proyecto sirve para revisarlo, teniendo en cuenta las consideraciones hechas en las dos sesiones anteriores de la Corte Suprema, de tal manera que no se trata de una decisión definitiva y el asunto será discutido en un futuro.
“Una vez revisado detenidamente las versiones taquigráficas de estas sesiones, he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática”, declaró.
Aguilar Morales, defendió el contenido de su plan, destacando que la prisión preventiva informal es una medida cautelar que perjudica especialmente a los jóvenes sin estudios y de escasos recursos, por ser un recurso utilizado de forma punitiva, argumentando combate a la delincuencia.
Hasta la fecha no se sabía cómo se llevaría a cabo la votación, pero anteriormente siete ministros se habían opuesto al proyecto, es decir, a favor de mantener la medida cautelar. Sin embargo, tres de ellos -Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek- admitieron abiertamente lo perjudicial de ella, aunque argumentaron que la SCJN no tiene facultad para eliminarla, lo que sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
A este argumento, el Ministro respondió que su proyecto proponía proceder a una interpretación de la Constitución y definir los límites de sus artículos, siempre respetando los derechos humanos consagrados en el artículo 1° de la Constitución Mexicana, porque ello llevaría a desconocer una paradoja en la que Se decide equilibrar el artículo 19 con el primero.
Además del relator Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, se pronunciaron a favor del proyecto al considerar la prisión preventiva una violación a los derechos humanos; en particular el derecho a la presunción de inocencia ya la libertad.
Aguilar Morales señaló que, además de ellos, la mayoría de los ministros consideran que la prisión preventiva vulnera las garantías individuales, por lo que considera oportuno revisar su documento, sobre todo porque el punitivismo no tiene el atributo de solucionar el contexto de violencia e inseguridad que atraviesa el país.
“¿Qué mensaje enviaríamos a la sociedad si desde este alto tribunal se afirma que aquello que justifica el uso de la prisión preventiva oficiosa es que no se trata de presuntos inocentes, sino de presuntos delincuentes? En vinculación con esto, sobre el delicado escenario de seguridad pública por el que atraviesa el país, con todo respeto, no coincido que tal contexto deba emplearse como una pauta de decisión que justifique el uso desproporcionado de la prisión preventiva (oficiosa)”, sostuvo.
Una vez retirado el proyecto, se revisará a través de la presentación del Ministro Aguilar, quien lo presentará a sus compañeros una vez considere que tiene todos los elementos para presentarlo así hacerlo, por lo que de momento se desconoce hasta cuándo se volverá a discutir la eliminación de la medida cautelar.
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