La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Regional Especializada revisar exhaustivamente todas las pruebas relativas a los mítines de Morena, para los cuales habían viajado varios funcionarios a bordo de una aeronave de la Guardia Nacional, acto que significaría una nueva sentencia pronunciada por malversación de recursos públicos.
En un proyecto de la magistrada Janine Otálora, aprobado por mayoría de cuatro a dos, la Sala Superior del TEPJF concordó con el PRD en que no se llevó a cabo un análisis integral y rechazó las acusaciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El secretario de Gobernación negó que la Sala Regional Especializada haya confirmado su participación en manifestaciones en varias entidades donde Morena había promovido la reforma eléctrica y la revocatoria de mandato. Lo cual los jueces encontraron infundado y confirmaron las violaciones electorales del funcionario.
Mientras que el PRD negó que la Sala Regional Especializada sostuviera que el líder de Morena, Mario Delgado, no fuera responsable de estos hechos, lo que confirmó la difusión abusiva de propaganda gubernamental y la imagen personalizada del presidente López Obrador; también por la decisión de declarar que no ha habido malversación de fondos públicos por parte de funcionarios que viajaban en aeronaves de la Guardia Nacional.
La Sala Superior ordenó que se reitere el juicio de la sala Sala Especializada únicamente sobre la “posible responsabilidad del partido Morena y su dirigente nacional por la probable difusión y promoción del proceso de Revocación de Mandato en favor del Ejecutivo federal” y también sobre “el posible uso indebido de recursos públicos derivado de la utilización de la aeronave oficial para el traslado de funcionarios a actos proselitistas del ejercicio revocatorio”.
El juez señaló en su proyecto que «de las constancias que integran el expediente sí se desprenden elementos de prueba que de manera indiciaria podrían suponer la consideración de algunas de las infracciones denunciadas», o sea, el uso indebido de recursos públicos.
Por ello, ordenaron a los jueces de la Sala Especializada analizar todas las pruebas y “deberá valorarlas de nueva cuenta de manera exhaustiva y, en su caso, determinar si se requiere la realización de mayores diligencias a efecto de resolver lo que en derecho corresponda”.
Ante las declaraciones del secretario de Gobernación de que existe un decreto que permite promover la propaganda oficial durante los procesos electorales o la participación de los ciudadanos, para quienes su actuación estaba amparada por esta reforma a la ley, la Sala Superior ha recordardo que declararon inaplicable este decreto de la Cámara de Diputados, por violar la Constitución y los términos de la ley para la adopción de reformas en la materia.
La jueza Mónica Soto y el juez Felipe Fuentes discreparon porque creían, entre otras cosas, que no había pruebas de que Mario Delgado hubiera organizado los hechos por los que consideraban justificado no pedir cuentas en su contra.
En la misma sentencia, afirmaron que el secretario de Seguridad Pública de Veracruz efectivamente violó las medidas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral porque, a pesar de haber sido advertido en hechos anteriores de que habría cometido un flagrante delito electoral, lo repitió.
La Sala Especializada debe reabrir la investigación y emitir otro juicio sobre la malversación de fondos públicos por parte de la aeronave en la que fueron trasladados los funcionarios. La nueva sentencia podría volver a concluir que no existió uso indebido o modificarse en sentido contrario, lo que nuevamente deberá de validar en definitiva, la Sala Superior.
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