Con una facturación potencial de dos mil millones de dólares, el gobierno mexicano amenaza con cerrar la cartera porque no permitirá que los farmacéuticos “le impongan criterios económicos” y los obliguen a comprar vacunas contra el Covid hasta 2023; también se sigue analizando para saber si será necesaria una nueva ronda de vacunación nacional, dijo el secretario de Estado de Salud, Hugo López Gatell.
“El gobierno de México no aceptará presión alguna de las entidades privadas utilizadas en el negocio de las vacunas o cualquier otro insumo para la salud, y nuestras decisiones estarán basadas en principios científicos, en análisis rigurosos y en un principio fundamental de soberanía y de separación del poder político y del poder económico”, expresó.
López-Gatell destacó la existencia de un patrón de «obsolescencia programada en las vacunas que ofrecen los grandes consorcios farmacéuticos, los cuales han creado productos que requieren de un continuo consumo mediante refuerzos periódicos, en vez de crear reactivos de un sólo uso».
Dijo que han sido acosados por la industria farmacéutica, por las compañías farmacéuticas específicas involucradas en este gran problema, acto que no solo ocurre con el gobierno mexicano sino que sucede con todos los gobiernos del mundo y la Organización Mundial de la Salud.
Dijo que las únicas empresas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para vender vacunas contra el SARS-COV2 en México son las estadunidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson; la británica, AstraZeneca; el Instituto Gamaleya, de Rusia; y Sinovac así como Cansino, de China.
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