Ante la urgencia de reconvertir los hospitales por la pandemia de, hubo algunos funcionarios de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo que vieron oportunidad de negocio. La Auditoría Superior de la Federación constató que una serie de contratos apócrifos fueron emitidos directamente a personas sin experiencia en la materia.
Como resultado, los beneficiarios de estos contratos no pudieron cumplirlos y causaron daños materiales por más de 6 millones de pesos, muestran tres auditorías realizadas por la ASF. La máxima autoridad de control del país subraya en sus declaraciones que el mayor daño no está en la cantidad vista, sino en la obstrucción de la atención médica en emergencia sanitaria provocada por la aparición del virus SARS-CoV.-2.
Según las auditorías incluidas en el Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, se han contratado personas en dos ocasiones para brindar atención médica. Lo anterior a la luz de la remodelación de los hospitales para hacer frente al alto número de hospitalizaciones provocadas por el Covid-19.
Estos contratos se adjudicaron directamente cuando debían ser objeto de concurso público. Además, los beneficiarios eran personas físicas sin experiencia en el sector que habían iniciado su actividad económica el 24 de abril de 2020, seis días antes de la notificación del decreto, o el 30 de abril del mismo año. La ASF no revela en sus valoraciones si se trata de la misma persona.
Otra irregularidad fue que otro contrato usó un documento apócrifo para persuadir a una empresa candidata a cumplir y finalmente ganar el contrato. Otro fue un negocio secundario por 11 millones 912 mil 600 pesos.
La Federación transfirió 459 millones 879 millones 900 pesos al gobierno de Quintana Roo en el marco del convenio de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y otros bienes afines a personas sin seguridad social. Otros 53 millones y 804,000,900 pesos se entregaron a través del programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la población no asegurada y 857 millones 866 mil 300 a través del Fondo de Aporte de Servicios de Salud.
En total, los Sesa recibió un total de 2,371 millones 551,000 100 pesos de la Federación en 2020.
Sobre las sanciones
La auditoría de cumplimiento 2020-A-23000-19-1188-2021, realizada en el marco del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y Demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, encontró un probable daño a la Hacienda Pública por 5 millones 866 mil 800 pesos y ordenó la promoción de la sanción de responsabilidad administrativa. Lo anterior aplica para los funcionarios que no hayan establecido y justificado la exención de contratación pública en el contrato SES-COVID-025-2020.
Para los alcaldes, los servicios estatales de salud no cumplían con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honestidad. Con esta adjudicación directa se han adquirido los equipos de protección necesarios para el plan de reestructuración hospitalaria ante la pandemia del Covid-19.
También discreparon de que los funcionarios no hubieran verificado si la persona física adjudicataria del contrato no tenía suficiente capital o experiencia en el sector. Resulta que el empresario había iniciado su negocio seis días antes de realizar el pedido.
Lo anterior es contrario a la Constitución, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la misma Ley y del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La ASF concluyó en su sentencia que el gobierno estatal había violado las obligaciones de transparencia.
Con respecto al control de cumplimiento 2020-A-23000-19-1197-2021 realizado al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la ASF también ha iniciado una sanción para promover la responsabilidad administrativa hacia los funcionarios públicos.
En este caso para la adjudicación directa de un contrato que había que sacar a concurso. Además, no informó al comité de adquisiciones de este proceso, por lo que ni siquiera tenía derecho a hacerlo.
Asimismo, se constató que este contrato SES-COVID-025-2020 como parte de la compra de los dispositivos de protección previstos en el plan de reestructuración hospitalaria fue entregado a una persona natural que no contaba con medios propios suficientes para la entrega del bien, su situación fiscal era irregular y había comenzado a trabajar seis días antes de la notificación del contrato.
En su dictamen, la ASF encontró que la dependencia federal “infringió la normativa del fondo, principalmente en materia de destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”. El daño a las finanzas públicas asciende a 560.000 pesos.
Sobre los documentos apócrifos
Como parte de la verificación de cumplimiento 2020-A-23000-19-1201-2021 del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, la ASF también emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa.
En este caso, pide las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar la presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios. Se les acusa de ignorar un documento apócrifo proporcionado por uno de los contratistas.
Se trata de póliza de fianza 23985563 con línea de validación 572853698569OY25 de fecha 10 de noviembre de 2020, emitida por un vendedor para asegurar el cumplimiento del contrato SESA-DA-035-2020. Lo que el gobierno estatal compró fueron químicos secos con equipos prestados.
Los funcionarios que aceptaron este documento infringieron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Acuerdo por el que se Expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otras disposiciones reglamentarias.
Según él, la ASF también desaprobó la subutilización del 22.1 porciento de los fondos puestos a disposición de la población a través del programa médico gratuito. Son unos 11 millones 912 mil 600 pesos.
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