Representantes de los partidos PAN, PRI, PRD y Somos ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora acusaron la existencia de una presunta red de influencia política en los órganos electorales de la entidad, a la que denominaron el “cártel electoral”. Durante la presentación del documento titulado El Cártel Electoral de Sonora: Anatomía de un Esquema de Corrupción, los dirigentes señalaron a Luis Rogelio Piñeda Taddei —secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño e hijo de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala— como el supuesto coordinador de dicha estructura.
Los dirigentes opositores Víctor Ramírez, René Noriega, Luis Donaldo Coronado y Jesús Ávila expusieron una serie de vínculos familiares y profesionales entre funcionarios del INE, el IEE y el Tribunal Estatal Electoral (TEE). Según la denuncia, el propósito de esta estructura sería influir en las instituciones encargadas de organizar, vigilar y resolver las controversias de los comicios de 2027, al argumentar la falta de condiciones de imparcialidad y certeza.
Vínculos institucionales y contratos señalados
El documento detalla nombramientos en diversas instancias, como la designación de Marisa Arlene Cabral Porchas como vocal ejecutiva del INE en Sonora, y la integración de María de los Ángeles Cabral Porchas en la oficina de la presidencia del Consejo General del INE. Asimismo, cuestionaron los perfiles del consejero presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu, y de otros integrantes del organismo y del Tribunal Electoral, como la magistrada presidenta Alejandra Velarde Félix.
Por otro lado, los partidos denunciaron contratos de material electoral realizados por el IEE entre 2017 y 2025 por un monto aproximado de 187 millones de pesos, los cuales habrían beneficiado a los mismos grupos empresariales mediante adjudicaciones directas y licitaciones cuestionadas. Ante estas irregularidades, exigieron auditorías a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la separación temporal de los funcionarios señalados y garantías de equidad para el proceso electoral.
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