El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, determinó la clausura inmediata de la última sesión legislativa para evitar que la bancada de Morena utilizara el recinto como espacio de celebración partidista, en la víspera del debate económico anual.
El legislador justificó la decisión argumentando la necesidad de preservar la legalidad institucional del Congreso. En sus declaraciones, advirtió que la presidencia no puede permitir que las sesiones ordinarias se conviertan en eventos conmemorativos o festejos de ninguna fracción política.
Esta medida de contención se enmarca en la implementación de una política de cero tolerancia respecto a los tiempos de intervención en tribuna, la cual aplicará de forma irrestricta durante la próxima discusión de la miscelánea fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ante las inconformidades de diversos oradores por la limitación estricta de sus participaciones, Bolaños-Cacho desestimó las quejas. «He sido estricto en el reglamento a grado tal que ha habido comentarios de que quizá pueda parecer un poco de autoritarismo de mi parte, pero he sido sumamente estricto», puntualizó.
Reorganización del debate presupuestal
Para respaldar el orden en el recinto, la Presidencia en conjunto con la Junta de Coordinación Política modificó el formato de las plenarias para erradicar las tradicionales sesiones de madrugada. El nuevo acuerdo establece un corte a las 21:00 horas para definir si se decreta un receso hasta las 10:00 horas del día siguiente.
Con el objetivo de no trasladar el colapso al debate general, las comisiones dictaminadoras de Hacienda y Presupuesto recibieron la exigencia de cumplir con su trabajo técnico y desahogar internamente el mayor número de reservas, agrupándolas en bloques partidistas.
Respecto a las movilizaciones sociales previstas al exterior del recinto legislativo durante las votaciones, las autoridades de la Cámara indicaron que respetarán el derecho a la libre manifestación, estableciendo como límite de actuación oficial cualquier acto que vulnere los derechos de terceros.
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