La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas a la Ley Federal de Derechos, iniciativa enviada por el Ejecutivo federal como parte del Paquete Económico 2027, la cual contempla incrementos a las cuotas de trámites migratorios, uso de infraestructura de transporte y regulaciones sanitarias.
El proyecto de dictamen fue respaldado por 27 votos de la mayoría parlamentaria, frente a 10 votos en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, bancadas que advirtieron sobre los efectos inflacionarios y el carácter recaudatorio de las medidas sobre la planta productiva nacional.
Durante el análisis del documento, la oposición cuestionó la elevación de la tasa por el uso de vías férreas del 1.5 al 3 por ciento sobre los ingresos brutos de las empresas concesionarias con más de 15 años de operación, así como un ajuste al alza del 10 por ciento en las tarifas por el goce del espacio aéreo mexicano.
En representación del grupo parlamentario del PRI, el diputado Emilio Suárez Licona sostuvo que el proyecto gubernamental encubre un afán recaudatorio bajo la figura de actualizaciones administrativas, lo que derivará en un incremento generalizado de costos en las cadenas de suministro.
Entre los ajustes previstos se encuentra un incremento de 35 por ciento al derecho por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuya tarifa se fijará en mil 334.80 pesos, además de un alza a 29 servicios sanitarios a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y trámites fitosanitarios.
Diputados de la bancada de Acción Nacional, como Héctor Saúl Téllez, coincidieron con la postura tricolor al señalar que el encarecimiento de los permisos de Cofepris impactará los precios finales de medicamentos, estudios médicos e insumos de la red hospitalaria del país.
Por su parte, los integrantes de las bancadas del bloque mayoritario defendieron los incrementos argumentando que el ajuste en materia migratoria busca financiar la actualización de sistemas biométricos del Instituto Nacional de Migración, al tiempo que destacaron reducciones del 12 por ciento en el pago de derechos de telecomunicaciones para zonas prioritarias.
El dictamen, que contempla asimismo la eliminación de 53 museos y zonas arqueológicas del catálogo de cobros y la extinción de derechos por transmisión de concesiones de agua, fue turnado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y posterior envío al Senado de la República.
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